20 Diputados UDI pagaron más de 300 millones de fondos fiscales a la Fundación Jaime Guzmán

El actual ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue el parlamentario que más traspasó dinero a la institución, con un total desde enero a julio $4.900.000 de dineros públicos.

En el 2016 el Ministerio Público inció una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios.

Luego, una investigación de Ciper develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que ocupaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares, institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos y que en algunos casos además eran copiados tal cual de internet.

Cuatro años han pasado desde que se inició esta investigación, no solo por los informes plagiados, sino también por la posible triangulación de dineros entre los parlamentarios y entidades y personas vinculadas a sus partidos. ¿Quiénes han tenido que enfrentar a los tribunales de justicia?

El ex fiscal Carlos Gajardo afirma que “hay un incentivo para no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución”.

El Ministerio Público solo informa que la investigación sigue abierta, pero mientras tanto al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales.

“20 parlamentarios tienen el mismo informe y cada uno pagó por ese mismo informe. Son idénticos en contenido y en redacción”, señala la periodista Silvia Oramas.

En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.

Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la institución recauda 10 millones por informe. La fundación no accedió a una entrevista. A través de un comunicado defienden el contrato con los parlamentarios.

El texto señala que “la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan $500 mil cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la fundación en el mes de corresponda”.

El parlamentario Osvaldo Urrutia aseguró que “aquí hay contratado una cantidad importante de asesores legislativos en distintas materias. Tenemos en educación, en salud, en vivienda”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri manifestó en tanto que “como sería imposible para un diputado contratar a 8 o 9 abogados, lo que hacemos es que este equipo lo pagamos entre todos”.

Gajardo, en tanto, afirma que “bastaría que solo uno lo adquiriera para que pueda ser compartido entre todos los demás, sobre todo porque eran una misma bancada, y por lo tanto más parece ser que hay ahí una forma de financiar a un determinado instituto o fundación para los efectos de que realice un trabajo de apoyo legislativo. Pero la fórmula al menos que se utiliza no parece creo yo estar acorde con parámetros mínimos de probidad y de transparencia”.

Desde enero a la fecha, estos compliados o resúmenes de las sesiones parlamentarias, que además incluyen una sugerencia de voto, han representado un gasto fiscal de más de 79 millones de pesos.

“Obviamente la capacidad de los parlamentarios no puede estar en todas las materias, y no me alcanza más el tiempo, si es la verdad”, agrega Urrutia.

El parlamentario que más ha traspasado dinero a la Fundación Jaime Guzmán este año es el actual ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, quien mientras era diputado pagó desde enero a julio $4.900.000 de fondos públicos.

El secretario de Estado no accedió a darnos una entrevista, tampoco a responder nuestras preguntas por escrito. Envió un comunicado en el que señala que “los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido”.

¿Cuál es el aporte real de los informes mensuales por los cuales los diputados de la UDI siguen pagando a la fundación vinculada a su partido?

Alesssandri contó que “no solamente te entregan en informe de sala, que ese es uno de los insumos que te entregan, sino que te acompañan a comisiones, te ayudan a redactar indicaciones, te hacen resúmenes de proyectos de ley”.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, no son necesarios para la actividad legislativa, porque “no se justifican para la labor parlamentaria”.

Existe un informe por el que los diputados UDI pagaron en conjunto en el mes de julio $9.900.000 pesos. Son 255 páginas que convertidas a un formato normal de Word, con letra tamaño 12, se transforman en menos de 100.

El reporte describe efectivamente el origen y fundamento de los 23 proyectos de ley de ese mes, tal como señala la Fundación Jaime Guzmán. Pero nos sorprendimos al comprobar que gran parte de esa misma información tal cual está disponible en el sitio web de la propia Cámara de Diputados.

“Este es un boletín de la Cámara de Diputados y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes”, afirma Oramas.

“Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca que provea de esta información a los parlamentarios y que en caso solamente muy específicos con autorizaciones muy específicas se pueda recurrir a estos informes externos”, agrega Precht.

Por su parte, el otrora persecutor Gajardo dijo que “me parece que en esos casos más bien lo que hay es una forma incorrecta de intentar financiar a un instituto o a una fundación que apoya el trabajo parlamentario, pero que tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes”.