Cámara Baja aprobó elección de gobernadores regionales. Pero, no se elegirán este año

Al mismo tiempo, rechazaron otro artículo que impedía a senadores y diputados competir por ese cargo.

VALPARAÍSO.- La tarde de este martes la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Orgánica Constitucional que regula la elección de los gobernadores regionales, pero rechazó dos artículos en particular que involucran puntos clave del proyecto.

En concreto, la Cámara Baja rechazó el artículo que establecía que la primera elección se haría este año, en conjunto con los comicios presidenciales y parlamentarios. Esto porque, pese a que 63 diputados votaron a favor, la iniciativa necesitaba 70 sufragios para ser aprobada.

Además, los diputados rechazaron otra indicación que le prohibía a los parlamentarios competir por el puesto.

El proyecto seguirá su trámite en el Senado, donde, de realizarse modificaciones, retornará a una comisión mixta. De esta manera, la elección de los Gobernadores Regionales quedará para el 2020.

NO PODRÁN SER CANDIDATOS A GOBERNADOR REGIONAL LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:

  1. a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República. En este marco se aprobó una indicación para aplicar esta norma a los actuales intendentes y gobernadores.
  2. b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los consejeros del Consejo para la Transparencia, los consejeros y funcionarios del Servicio Electoral, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

La propuesta también establece normas para el escrutinio y calificación de la elección por parte del Tribunal Calificador de Elecciones. Además, incorpora normas que adecuan las denominaciones de los actuales intendentes y gobernadores, que pasarán a llamarse “delegados presidenciales regionales” y “delegados presidenciales provinciales”, respectivamente. Cabe recordar que estas últimas autoridades supervigilarán el funcionamiento de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa.

Asimismo, determina adecuaciones para que los partidos políticos, si así lo deciden, puedan utilizar el sistema de elecciones primarias para la nominación de sus candidatos a gobernador regional; al tiempo que incorpora a la elección de gobernadores regionales dentro de la regulación establecida en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

Por otra parte, la iniciativa propone modificaciones a las plantas de los Gobiernos Regionales y del Servicio de Gobierno Interior, tanto para incorporar a las nuevas autoridades como para reemplazar a los actuales intendentes y gobernadores por los nuevos delegados presidenciales regionales y provinciales.

Considerando un año con acto electoral, el proyecto de ley irrogaría un gasto fiscal de $12.485 millones, mientras que en los años no electorales, se generará un gasto cercano a $1.550 millones.

El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Servicio Electoral y, en lo que falte, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos.

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