“Caso Cerro O’Higgins puede adquirir impensados ribetes internacionales”

El abogado de los demandantes, hizo ver que de no indemnizarse a sus representados, deberán recurrir pidiendo medidas cautelares y tutelares a la Corte Interamericana.

TALCA.-  Los 83 demandantes, representados por el abogado Fernando Leal, en sus alegaciones ante la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, integrada por los Ministros Biel, Meinns y el Fiscal Judicial Lorca, hizo ver que de no indemnizarse a sus representados, deberán recurrir pidiendo medidas cautelares y tutelares a la Corte Interamericana, toda vez que es impresentable que el Consejo de Defensa del Estado alegue la prescripción de las acciones, desoyendo fallos de la Corte Interamericana que señalan que la responsabilidad del Estado es imprescriptible. Más grave aún es el hecho que el Estado chileno alegue en foros y tribunales internacionales su respeto irrestricto a los Tratados internacionales, y por otra parte, el Presidente de Consejo de Defensa del Estado, que forma parte del equipo jurídico que defiende a Chile ante la Corte de La Haya, desoiga fallos que le son vinculantes de la Corte Interamericana.

El abogado de las Víctimas Fernando Leal Aravena, explicó, que si la Corte de Apelaciones de Talca rechaza la apelación  (o acogiéndola, el Consejo de Defensa del Estado – CDE, presenta una casación ante la Corte Suprema) deberá pedir con suma urgencia, medidas provisionales al Sistema Interamericano (internacionalizando el caso), denunciando que el CDE está violando los tratados y Desahuciando los fallos internacionales; lo cual es particularmente grave, si se considera que su actual Presidente (Juan Ignacio Piña Rochefort) integra el equipo jurídico que defiende a Chile (por la demanda Boliviana) ante la Corte Internacional de Justicia (en La Haya), donde el mismo organismo chileno litigará ante el mundo, exigiendo el cumplimiento de los tratados y el acatamiento de los fallos internacionales.

En los alegatos ante la Corte de Talca, el C.D.E., argumentó  la errada  invocación de un caso internacional ( Hinkley Vs. P.G.&.E) en que (al igual que en el caso Cerro O´higgins) se enviaron cartas a las víctimas para establecer limitaciones de responsabilidad. Criticó además que las victimas recién en la apelación invocaran sentencias de la Corte Interamericana que declaran imprescriptibles las acciones indemnizatorias. En el mismo sentido argumentó que un documento administrativo que compromete a las víctimas, dice expresamente que incluye la reparación del daño moral. Adicionalmente invocó fallos de la Corte Suprema declarando la prescripción de las acciones en casos similares. Finalmente se negó a que se fije una audiencia de conciliación- para llegar a un acuerdo- (invocando normas chilenas que lo impiden), para que (en el intertanto) se remita la información (desconocida) de los alegatos, a la Presidenta de la República y a las Comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional (para que se informen, de lo delicado, de que el caso se internacionalice).

El abogado Fernando Leal, por su parte, aclara que las mismas criticas realizadas por el C.D.E. a la invocación del caso internacional ( Hinkley Vs P.G.&.E.) se hicieron antiguamente en el exterior, y que fueron desechadas por las respectivas judicaturas. En cuanto a la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias, agrega que los fallos interamericanos deben ser aplicados de oficio por los tribunales chilenos, por lo que de acuerdo al control de convencionalidad, las víctimas pueden incluso ganar las demandas por razones distintas a las alegadas en un principio. De la misma manera, aclaró que la propia sentencia de primera instancia dice que los documentos reparatorios no incluyeron el daño moral (además que tampoco certifican que se firmaron en presencia de un abogado de las víctimas- estándar internacional que si cumplió el proyecto de acuerdo en el caso de Carmelo Soria, que debía ser firmado por Chile, Naciones Unidas y autorizado por la C.I.D.H.). Agrega además, que invocar sentencias de la Corte Suprema declarando la prescripción de acciones en juicios similares, no es aplicable a este caso donde se exigió el cumplimiento de los fallos interamericanos que prevalecen sobre las sentencias de la judicatura nacional (además que el C.D.E., no mencionó que la misma Corte Suprema, entre los años 2007 y 2014, tiene 14 fallos que declaran imprescriptibles las acciones indemnizatorias interpuestas contra el Estado en casos de vulneraciones al Corpus Iuris Interamericano -que es lo que sucedió en este caso-). En el mismo sentido, aclara que el C.D.E, al oponerse a un llamado a conciliación (citando normas chilenas) violó las sentencias de la Corte I.D.H. que prohíben invocar normas de derecho interno, para excusarse de cumplir los fallos interamericanos. Concluye finalmente, que el objetivo de esconder estos antecedentes de la Presidencia de la República  y del Congreso Nacional, no se lograrán, ya que se realizaran urgentemente presentaciones a dichos órganos (con copia digital a la sociedad civil y medios de comunicación social) informándoles de esta muy delicada situación.

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