La Gobernadora descartó haber solicitado tal contratación y aseguró que no existe ningún documento donde yo haya obligado a contratar a nadie.
En medio de la investigación del Caso Convenios, siguen apareciendo nuevos antecedentes respecto a los traspasos de fondos a diversas fundaciones. Una de ellas es la fundación de Urbanismo Social, que recibió $264 millones por parte del Gobierno Regional del Maule para la realización del programa “Juntos y Juntas nos Sentimos más Seguros y Seguras”. El proyecto fue firmado el 22 de diciembre del año pasado.
Según recogió Meganoticias, la presidenta del directorio de la fundación, Pilar Goycoolea, envió una carta a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo (DC), el pasado 30 de mayo. En la carta, Urbanismo Social expresó lo siguiente: “Se nos han planteado algunas observaciones sobre la selección del equipo territorial del programa”.
Durante los meses de febrero y marzo de este año, la fundación llevó a cabo reuniones y encuentros con el jefe de División del Gobierno Regional, Jorge Fajardo, y el jefe de la división de Fomento e Industria de la Gobernación, Mario Ramírez. Desde Urbanismo Social advirtieron que había que cerrar los reparos con respecto al equipo para avanzar con “cualquier acción de ejecución del proyecto”.
En dicha carta, enviada desde la Fundación se asegura que la Gobernación propuso tres candidatos a Urbanismo Social, los cuales fueron evaluados de manera conjunta el pasado 15 de mayo. Entre ellos se encontró el concejal de Curicó (DC), Javier Ahumada, quien fue rechazado por la fundación debido a que se consideró “incompatible la posibilidad de formar parte del proyecto, mientras se desempeña una función pública de representación popular”.
Por su parte, el concejal Ahumada emitió un comunicado en el cual aseguró que fue él quien se puso en contacto con la gobernadora para solicitar empleo, y que fue el área de divisiones del Gore quien lo contactó. “Le pedí a la gobernadora que, en caso de existir alguna oportunidad laboral, me tuviera en consideración”, manifestó.
La fundación finalmente contrató a Aily Soto Salina, ingeniera comercial, como jefa de proyecto, y a Rodrigo Véliz Alvarado, como coordinador de proyecto, ambos propuestos por la gobernación. En la carta, la fundación mencionó que ambos candidatos cumplen con el perfil requerido para los cargos respectivos.
Es importante destacar que se menciona que Aily Soto Salina es cuñada del jefe de división de planificación del gobierno regional, Jorge Fajardo, quien fue una de las personas con las cuales Urbanismo Social discutió los nombres de los integrantes del equipo territorial. Por otro lado, Rodrigo Véliz es la pareja de la asesora jurídica del Gore, Ariosha Villarreal.
GOBERNADORA DESMINTIÓ HABER SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL CONCEJAL
La gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, desmintió haber pedido a la Fundación Urbanismo Social contratar al concejal de Curicó, Javier Ahumada, asegurando que “a nadie se le obliga a contratar a nadie”.
Las palabras de Cristina Bravo se dieron en una entrevista con Diario Talca, en la que aseguró además no conocer a Pilar Goycoolea, presidenta de Urbanismo Social, quien develó la supuesta petición de la gobernadora del Maule. Precisamente, la corporación dirigida por Goycoolea envió una carta a la gobernadora Cristina Bravo Castro (DC), donde rechazaban la designación del concejal.
Al respecto, la gobernadora dijo que “a nadie se le obliga a contratar a nadie. Todas las entidades, fundaciones y corporaciones, tienen perfiles definidos y tienen claro cuando se puede o no contratar a una persona”. Agregó además que “no existe ningún documento donde yo haya obligado a contratar a nadie. No existe. Yo no conozco a nadie de la Fundación Urbanismo Social. Me entrevisté una vez por lobby con dos personas, pero ninguna es Pilar Goycoolea. Fue el 5 de septiembre de 2022 por lobby con Cristóbal Soto, que era el coordinador regional, y con Gustavo Bizantini, director urbano”.
Respecto la vinculación que se hace entre Fundación Urbanismo Social y el Gobierno Regional, Cristina Bravo aseguró que “molesta que por lo que está ocurriendo en el Ministerio de Vivienda y por la situación personal y profesional del SEREMI de Vivienda del Maule con esta fundación, ahora vinculen a esta fundación con el Gobierno Regional del Maule. No tiene nada que ver. Hay muchas fundaciones que piden entrevistas por lobby y lo atendemos yo u otros directivos del Gobierno Regional para presentar iniciativas”.
Te dejamos la carta enviada por Urbanismo Social al Gobierno regional del Maule