En el informe del órgano contralor verificó que existían saldos mantenidos en cuenta corriente insuficientes durante ese período de tiempo, por un total de 170 millones 747 mil 40 pesos.
SANTIAGO/LICANTÉN.- Según el “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2017”, emanado hace algunas semanas de manera pública por la Contraloría General de la República (CGR), se señala que en el caso del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Licantén se detectó un déficit de, al menos, de 170 millones 747 mil 40 pesos al 31 de diciembre de 2016.
En el informe 586/2017 del 4 de septiembre de 2017 (disponible aquí), el objetivo de éste era “investigar las eventuales irregularidades ocurridas en el DAEM de Licantén, relacionadas con el manejo financiero del mismo, y la utilización de recursos procedentes de las distintas subvenciones otorgadas por el Ministerio de Educación, como así también el eventual gasto excesivo en personal, considerando como periodo de análisis, el 1 de enero de 2014, hasta 30 de junio de 2017”.
En las conclusiones emanadas desde el órgano contralor, se verificó en “el análisis practicado a las rendiciones de los años 2014, 2015 y 2016, que los saldos mantenidos en las cuentas corrientes que manejan los recursos transferidos por concepto de subvenciones -menos los cheques girados y no cobrados-, correspondieron a las sumas de $452.694.146, $263.102.614 y $327.488.475, para cada año (en cuestión)”.
Sin embargo, en la investigación de la CGR a estos saldos se verificó que “no concuerdan con los informados como remantes a la Superintendencia de Educación, a saber, $337.380.223, $456.282.943 y $498.235.515, respectivamente, por lo que al término de los años 2015 y 2016, esa entidad comunal no contaba con los recursos informados a esa superintendencia, de lo cual se desprende la utilización de éstos en fines diversos a los objetivos de las subvenciones SEP, PIE, FAEP, Pro Retención, entre otras, y que al 31 de diciembre de 2016, existe al menos un déficit de $170.747.040”.
A modo de conclusión ante este hecho, se solicita desde la “Contraloría Regional (del Maule), se mantienen íntegramente todos los alcances formulados, debiendo la máxima autoridad comunal adoptar las medidas correctivas necesarias con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen”, con el fin de subsanar el problema detectado por la CGR, donde se informe -en su momento- al órgano contralor sobre las “medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos”.