Contraloría General de la República objetó a tres municipios maulinos por conceptos de viajes

Según el órgano contralor, las municipalidades de Río Claro, Molina y San Rafael se le cuestionó el uso de estos recursos realizados por concejales y alcaldes de estas comunas, los que hacen un total en conjunto de 52 millones 972 mil 295 pesos que son cuestionados.

TALCA/SANTIAGO.- Según el “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2017”, emanado hace algunas semanas de manera pública por la Contraloría General de la República (CGR), se señala que en el caso de los municipios del Maule se detectaron tres casos puntuales sobre viajes de concejales o alcaldes, los que estarían focalizados en las comunas de Río Claro y San Rafael -Provincia de Talca-, además de Molina -Provincia de Curicó-.

Lo anterior, totaliza en conjunto un total de 52 millones 972 mil 295 pesos cuestionados por el órgano contralor en razón a este ítem. En el informe se detallan, además de otros casos a nivel nacional, en que trata este problema detectado y el número del informe correspondiente donde se consignan estos hechos.

Molina

En el caso de Molina (informe 528/2017, el que puede descargarse aquí), se constató “eventuales anomalías en cometidos internacionales de concejales”, por un valor de 21 millones 33 mil 752 pesos, en donde en las conclusiones se señala como objetivo que se pretendía “verificar la pertinencia de los gastos realizados por la Municipalidad de Molina con motivo de la participación de los concejales señores Julio Seguel Contreras, Patricio Vergara Moraga, Hugo Guajardo Roa y Felipe Méndez Guzmán, además de la ex edil Gaby Fuentes Yáñez, en capacitaciones internacionales y nacionales efectuadas durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2016”.

En el texto se señala como conclusión que “no fundamentaron la necesidad que concurrieran esos concejales a tales actividades ni las razones de por qué fueron elegidos y no alguna otra autoridad o funcionario municipal; asimismo, no se advirtió de qué manera su participación habría incrementado sus conocimientos y destrezas, para el buen desempeño de sus cargos en materias relacionadas específicamente con la gestión municipal y que les permitan desarrollar efectivamente las funciones”.

Agrega el escrito que “se advirtió que las capacitaciones analizadas, nacen por la propuesta de una determinada empresa y/o concejal que es quien en definitiva asiste, y no por una necesidad manifiesta de esa entidad edilicia (…). Además, en la especie, no constan elementos de juicio, tales como fotografías, videos, certificados u otros documentos formales, extendidos por los organismos, autoridades o personeros visitados en las referidas giras técnicas, que respalden la realización de las actividades que sirvan de sustento a la actuación de los referidos concejales, su asistencia y participación, y que permitan acreditar los asuntos que, según la programación adjunta al citado expediente de pago, habrían sido tratados en tales instancias”, donde “se constató que en la totalidad de los casos examinados se celebraron tratos directos fuera del Sistema de Información de Compras y Contratación Públicas”.

Río Claro

En este segundo municipio, en el informe 862/2017 (clic para descargar) tuvo como fin detectar diversas acciones en las “finanzas y ambiente de control interno, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 en la Municipalidad de Río Claro”.

En las conclusiones, respecto al ítem viajes, se señala que “se observó que el municipio desembolso por cursos, talleres, congresos, seminarios y viáticos· y pasajes por parte de los concejales, no obstante, no se fundamentó de la necesidad que dichos ediles concurrieran a tales actividades ni se advierte de qué manera su participación habría incrementado sus conocimientos y destrezas, para el buen desempeño de. sus cargos, esta Contraloría Regional procederá a formular el respectivo juicio de cuentas por un monto de $10.023.000 y $6.850.711, correspondiente a los cursos y a los viáticos y pasajes, respectivamente”, lo que deja un total cuestionado por parte de la CGR de 16 millones 873 mil 711 pesos.

San Rafael

En este último municipio, el informe de la CGR 356/2017 (disponible en este enlace) tuvo “como propósito analizar la pertinencia de los gastos de capacitación realizados por los ex concejales Simón González Oyarce, Álvaro Mendoza Monsalve, Marcela Cepeda González y por la actual concejal Marcela Pacheco Molina, todos de la Municipalidad de San Rafael. Específicamente en la capacitación denominada ‘Organización Municipal: Energía Renovable y Medio Ambiente’, desarrollada en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil”.

Como conclusión, determinó que “se constató que los decretos alcaldicios que autorizaron la participación de los concejales en la capacitación denominada ‘Organización Municipal: Energía Renovable y Medio Ambiente’, no fundamentan la necesidad de su concurrencia a tal actividad, las razones de por qué sean dichos ediles quienes asistan al curso y no alguna otra autoridad o funcionario municipal. A su vez, no se advierte de qué manera su participación habría incrementado los conocimientos y destrezas de esas autoridades para el buen desempeño de sus cargos en materias relacionadas, específicamente con la gestión municipal, que le permitan desarrollar debida y oportunamente las funciones que la ley les confiere”

Agrega este documento que “no se acreditó la existencia de un informe (…) que respalde la pertinencia de las actividades realizadas, tales como, fotografías, videos, certificados u otros documentos extendidos por la entidad organizadora y por los organismos, autoridades o personeros visitados en la referida gira técnica, que sirvan de sustento a la actuación de los referidos concejales, su asistencia y participación en ellas, por lo que esta Entidad Fiscalizadora formulará el respectivo reparo por el total de los montos asociados al seminario en cuestión, por la suma de $15.064.832 (…)”.

Además, la CGR “evidenció que la actividad de capacitación en análisis se adquirió bajo la modalidad de trato directo, sin fundamentar ni acompañar antecedente alguno que acredite la condición de proveedor único; y además no se suscribió el respectivo contrato”.

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