Corte de Apelaciones de Talca anuló expulsión de ciudadano colombiano

Medida administrativa impuesta desde la Intendencia se fundaba en una condena por tráfico de drogas, pero la justicia sobrepuso la reinserción social del imputado. Decisión final la tomará la Corte Suprema en Santiago.

TALCA.- La Corte Suprema tendrá, en definitiva, la última palabra respecto a si confirma o revoca una medida administrativa de expulsión de un ciudadano colombiano, decretada en fecha reciente por la Intendencia del Maule, fundada en una condena por tráfico de drogas que se investigó y juzgó en Talca.

El caso llegó a manos de la Corte de Apelaciones de Talca a través de un recurso de amparo presentado por el denunciante. Allí dicha persona recuerda que ingresó a Chile en marzo del 2013, proveniente de Colombia y con la finalidad de buscar mejores horizontes económicos.

Su primer trabajo fue como peluquero, hasta que en junio del mismo año fue detenido por la PDI y, en noviembre del 2014, se le condenó a la pena de seis años de presidio mayor, en su grado mínimo, por el delito de tráfico de drogas.

En el recurso, el denunciante relató que debido a su comportamiento ejemplar -en materia laboral y educativa- como “reo rematado” en la cárcel de Talca, en abril de 2016, Gendarmería lo redestino al Centro de Educación y Trabajo (CET), esto es, una unidad penal abierta.

Sus avances continuaron en materia laboral, hasta que en septiembre de 2017 fue beneficiado con la salida dominical y, finalmente, en noviembre de ese mismo año, se le otorgó la libertad condicional por una comisión judicial, cuya observación es supervisada actualmente por Gendarmería.

También destacó que comenzó una relación sentimental y que, desde noviembre del 2017, trabaja para un ingeniero como analista de sistemas y soporte técnico, con contrato indefinido y derechos sociales de previsión y salud.

Por ello, subrayó que fue grande su sorpresa cuando en enero del presente año fue notificado de la expulsión del país, obviamente, supeditada a que termine de cumplir la sanción penal. Añade que dicho acto administrativo equivale a una “doble condena”, aunque se encuentra reintegrado a la sociedad y con un proyecto de vida.

Dicho antecedente fue clave para el fallo de la Corte de Talca. “La decisión impugnada se traduce -además de una afectación y atentado en contra del principio ‘non bis in ídem”- en una afectación y atentado a la razonabilidad y oportunidad de la medida”, indica la sentencia.

El fallo del máximo tribunal regional lleva los votos a favor del fiscal judicial, Gonzalo Pérez, y del abogado integrante, Diego Palomo. El ministro, Vicente Fodich, expresó su voto de minoría en términos de rechazar el amparo.

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