Corte de Apelaciones recibe un centenar de recursos de protección por parte de matronas

Las acciones legales se encuentran para trámite de admisibilidad. Allí se pide, como medida urgente, una “orden de no innovar” que paralice resolución de la Contraloría General de la República.

TALCA.- El conflicto que existe entre matrones y la Contraloría General de la República terminará siendo resuelto por la Corte de Apelaciones de Talca, luego que el órgano contralor emitiera un dictamen que quitó la exclusividad y autonomía de la obstetricia, ginecología y neonatología que han desarrollado por varias décadas en la salud chilena.

Ante el máximo tribunal existente en la región se presentaron un total de 109 recursos de protección por parte de estos profesionales de la salud, todos profesionales de la Región del Maule.

En todos los recursos presentados, se solicita a la Corte de Apelaciones que dicte una “orden de no innovar” contra la Contraloría, cuyo objetivo es paralizar los efectos prácticos de la resolución en disputa.

Actualmente, las acciones legales se encuentran para trámite de admisibilidad.

En los recursos de protección -todos del mismo contenido argumentativo- se indica que al interpretar las funciones de la matronería como únicamente de “colaboración al médico”, la Contraloría supuestamente provocaría un grave perjuicio a dichas profesionales, de rango universitario, por cuanto les impediría ejercer libremente su profesión. Ello, agregan los recursos, particularmente en la salud pública.

Los y las denunciantes señalan que la decisión de la Contraloría las dejaría expuestas supuestamente a una causa penal, ya que se deberían negar a atender a pacientes si no cuenta con supervisión. Para ello, señalan que “tendremos el día de mañana que explicar al juez o a un fiscal que no podíamos actuar, pese a la necesidad vital de un paciente, porque no había la instrucción de un médico. Esperamos que esa explicación sea válida para comprender las muertes que se puedan ocasionar con la aplicación de este dictamen de la Contraloría General de la República”.

Los recursos presentados finalizan señalando que “se ve afectado el derecho de propiedad que detentamos sobre nuestro título profesional, y las acciones que con él podemos ejercer” en el área de la salud.

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