Corte Suprema condenó al fisco a pagar $115 millones por muerte de mujer en camping de Curanipe durante el 27/F

En la resolución se detalla que, en esos momentos, no se disponían de planes de emergencia que advirtieran a la población qué hacer ante la ocurrencia de un tsunami.

SANTIAGO.- La Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización total de 115 millones de pesos, a los familiares de una mujer que murió en el tsunami que afectó a Curanipe el 27 de febrero de 2010, según informo RadioBiobío.

La Tercera Sala del máximo tribunal, en fallo dividido, estableció responsabilidad del Estado por falta de servicio, al no disponer de planes de emergencia que advirtieran a la población qué hacer ante la ocurrencia de un tsunami.

Lo anterior, según se puede interpretar de la resolución, eventualmente podría haber evitado la muerte de Nelly Cheuquelén Añiñir, quien durante la noche en la que ocurrió el terremoto se encontraba acampando en el Camping Municipal de Curanipe la noche en que ocurrió el terremoto y posterior tsunami que acabó con su vida.

“Que, a los hechos ya reseñados, ha de agregarse que no consta en el proceso antecedente, que dé cuenta de haberse implementado en la localidad de Curanipe plan de emergencia alguno, destinado a advertir a la población de adoptar medidas de resguardo básicas para prevenir y enfrentar esta clase de calamidades”, se lee en el fallo.

Por medio testimonios de testigos recabados por la Policía de Investigaciones (PDI), fue posible determinar que no existen elementos de juicio suficientes para establecer que “los organismos del Estado desplegaron un servicio de prevención deficiente y no ajustado a los protocolos vigentes respecto de un hecho posible en una zona vulnerable”.

Esto, “considerando que correspondía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona”, se lee en el documento.

En detalle, el Estado deberá pagar -por concepto de indemnización de perjuicios- $35 millones a cada padre de la víctima y $15 millones a cada una de sus tres hermanas.

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