Diputados de Chile Vamos piden al Gobierno no aplicar reajuste al sector público a rentas sobre 750 mil

Alessandri, Bellolio, Torrealba y Cruz-Coke abordaron la propuesta que le entregarán al ministro de Hacienda.

La cámara de diputados está elaborando una serie de medidas para enfrentar la emergencia del Covid-19 en el país. De esta manera diputados UDI, RN y de Evópoli elaboraron un documento para plantear una serie de medidas al gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus y de los efectos económicos que se están generando en el país.

En el documento solicitan al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que esta vez no se realice un reajuste a las rentas del sector público superiores a los $ 750.000 brutos.

En el texto, los parlamentarios argumentan que “la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha devenido también en una crisis económico-social de proporciones, producto de las restricciones a la actividad productiva”. En ese sentido, se recalca que “ello ha generado un aumento relevante en la tasa de desempleo y una fuerte disminución en los ingresos que reciben los chilenos, ya sea por trabajo dependiente (por despido, suspensión o reducción de jornada) o por trabajo independiente (imposibilidad de salir a trabajar y llevar el sustento diario al hogar)”.

“En virtud de lo anterior, se hace sumamente necesario que el sector público, que no está sufriendo los efectos económicos de la crisis, al menos en cuanto a estabilidad en el empleo y mantención de los salarios, aporte a la solución de la crisis, especialmente para ir en ayuda de los trabajadores del sector privado que han perdido sus fuentes laborales y/o se han quedado sin ingresos”, se recalca en el texto.

Así, se propone que “para quienes reciban un salario de $ 750.000 o menos se reajustarán sus rentas por IPC (inflación)”, explicándose que “hoy un 30% de los funcionarios públicos recibe $ 750.000 o menos, y nos parece justo que las rentas más bajas, que corresponden a auxiliares, técnicos y administrativos, vean reajustados sus salarios en proporción al alza del costo de la vida”. Sin embargo, plantean que “para el restante 70% no habría reajuste” y que eso “implica un ahorro estimado de US$ 800 millones”.

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