La iniciativa busca modificar las responsabilidades que recaen por la mala utilización de estos bienes inmuebles, cedidos gratuitamente por el Estado.
Este jueves, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto que busca regular el uso de los bienes y terrenos denominados Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF). Los PAF fueron cedidos por el Estado de manera gratuita a los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Además, la iniciativa parlamentaria modifica las disposiciones legales y responsabilidades que recaen por la mala utilización de los bienes inmuebles. Los autores del proyectos son los diputados Tomás Hirsch (AH), Rodrigo González (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gonzalo Winter (CS), Maya Fernández (PS), Carmen Hertz (PC), Jorge Brito (RD), y Gabriel Ascencio (DC).
¿EN QUÉ CONSISTE?
La iniciativa de Hirsch y González surgió a raíz de dos hechos. El primero tiene que ver con el intento de venta por más de $25 mil millones de un terreno de 6,8 hectáreas aledaño al Hospital Militar de Santiago.
El Ejército controla este recinto de salud, que se encuentra en la condición de sitio eriazo desde hace más de 30 años.
El segundo es otra licitación de un terreno de 17 mil metros cuadrados en el sector sur de Antofagasta. También está en condición de sitio eriazo y su valor asciende a $8.870 millones.
En resumen, el Estado cedió de manera gratuita ambos inmuebles al Ejército.
Según consta en el documento, la iniciativa busca modificar las leyes 18.712, 18.713 y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles que forman parte del PAF.
El proyecto indica que se busca “poner término a la subutilización de terrenos, a la disposición de éstos por parte de los Jefes de Servicios de Bienestar y al régimen excepcional de enajenación de dichos inmuebles”.
Con esto, se pretende velar por el buen uso de terrenos que fueron cedidos gratuitamente para fines específicos de dichas instituciones y no para su venta.
Al respecto, el diputado Hirsch expresó que “todos sabemos que en Chile hay una carencia de viviendas sociales y, al mismo tiempo, hay miles de hectáreas que están en manos de las FF.AA. y que no son utilizadas”.
“Hay situaciones que merecen ser investigadas como lo que pasa en La Reina, donde se intentó licitar un terreno en 25 mil millones de pesos que había sido cedido por el Estado de manera gratuita, transformándolo en un negocio para el propio Ejército, aún cuando existen necesidades de vivienda en la comuna. Este tipo de situaciones se repite en todo el país”, añadió.