Emplazan a Seremi a reintegrar a trabajadores despedidos de obras de nueva cárcel de Talca

La Mesa de Oposición sostuvo que el gobierno “se hace el leso” y exhortó a la seremi del Trabajo, Pilar Sazo, a cumplir su compromiso de reintegrar a los obreros.

TALCA.- Una reunión para exponer presuntas desvinculaciones arbitrarias y prácticas antisindicales, sostuvieron dirigentes del sindicato de trabajadores de las obras de la nueva cárcel de Talca, con representantes de la Mesa Comunal de Oposición. El sindicato, que alberga a 110 trabajadores, paralizó faenas el pasado lunes, por el despido de 95 socios.

“Nos han informado de la difícil situación que están pasando con una empresa que tiene larga trayectoria de prácticas antisindicales. Nos preocupa la situación, sobre todo en una región como la nuestra, que tiene tan altos niveles de cesantía”, dijo el vocero del colectivo, José Ramón Letelier, refiriéndose al aumento del desempleo, que se ubica en un 9,1% en la capital maulina.

“Interpelamos a las autoridades a que contribuyan a resolver este problema. La seremi del Trabajo se comprometió a resolver la reintegración de trabajadores y eso no ha ocurrido. Nos parece grave”, agregó.

Hace dos días, la seremi Pilar Sazo y el director regional del Trabajo, Manuel Guajardo, recibieron a los dirigentes sindicales, a quienes habrían ofrecido una solución en 24 horas. “Lamentablemente estamos frente a un gobierno que hace el leso frente a prácticas antisindicales. Me gustaría que la seremi diga que pretendía con esa promesa y que la cumpla. Espero que no sea una aspirina, por el bien de los trabajadores”, manifestó Letelier.

La empresa a cargo de la construcción, Acciona S.A., ha indicado que los trabajadores afectados fueron contratados a plazo fijo y que, por lo tanto, el término de los convenios no representa ninguna actuación ilegal.

“Teníamos hartas expectativas de que hoy (ayer) nuestros compañeros fueran reintegrados, pero estuvimos todo el día esperando en la obra y a las cuatro de la tarde salió la Inspección de la oficina de la empresa, diciendo que los trabajadores no serían reintegrados porque no hay una base legal. Nosotros les explicamos que estamos en proceso de negociación colectiva”, señaló el presidente del sindicato, Manuel Montenegro.

“El lunes -añadió- vamos a interponer nuevas denuncias en la inspección y el martes, nuestro abogado estará en tribunales denunciando estas prácticas antisindicales”.

Cerca de 300 obreros laboran en la edificación del centro penitenciario, que tendrá una capacidad de 1.400 personas en la localidad rural de Aldea campesina, a un costo de 94 mil millones de pesos. “No olvidemos que la ley establece que ningún proveedor que contrate el Estado, puede tener sanciones por prácticas antisindicales. Creo que lo que procede acá es que el sindicato, a través de sus abogados, realice una presentación a la Contraloría, para que ésta pueda intervenir a los mandantes, que son el MOP y el Ministerio de Justicia”, aseveró la presidenta provincial de la CUT, Soraya Apablaza.

“Ellos algo tendrán que decir aquí. No solo estamos hablando del despido de trabajadores durante una negociación colectiva, sino que además de malas condiciones. Nos dicen que hay trabajadores de nacionalidad peruana que están trabajando doce horas al día y que duermen en la misma empresa, en un lugar habilitado para otras cosas. Aquí hay una situación que además amerita que la inspección y la mutual de seguridad se hagan presente”, precisó.

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