Gobierno propone extender teletrabajo en parte del sector público hasta 2023

Superintendencia de Seguirdad Social, INE y la Dirección de Compras Públicas se podrían ver favorecidos con la medida.

La pandemia llegó a cambiar la forma en que funciona el mercado laboral y puso el cuidado sanitario en el centro de la preocupación de empresas y autoridades. De hecho, en el proyecto de reajuste salarial de los funcionarios públicos que ingresó esta semana al Congreso, el Gobierno decidió incorporar algunos artículos para extender la figura del teletrabajo en el sector, una modalidad que previo al Covid-19 estaba acotada a contadas instituciones.

Como primer punto, se plantea aplazar el trabajo remoto en la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la Superintendencia de Seguridad Social y en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Para los años 2021 al 2023, se prorroga la facultad a los jefes de superiores de las instituciones antes señaladas, para eximir de control horario hasta el porcentaje de dotación máxima de personal de sus respectivos servicios, que mediante resolución autorice la Dirección de Presupuestos”, dice el texto legal.

Se precisa, además, que dichas instituciones deberán respetar el derecho al tiempo de desconexión de aquellos funcionarios eximidos del control horario de jornada.

PLANES DE TRABAJO A DISTANCIA

La iniciativa también autoriza, pero hasta 2022, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a la Comisión Nacional de Riego, a la Dirección Nacional de Servicio Civil, a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Pensiones y al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura a crear planes de trabajo a distancia.

“Una resolución del jefe de servicio respectivo, visada por la Dirección de Presupuestos, regulará el ejercicio de esta potestad. Los funcionarios que participen voluntariamente de este plan deberán suscribir un convenio que fijará las condiciones que deberán cumplir durante su permanencia en dicho programa”, dice la propuesta.

A los funcionarios de estas instituciones también se les deberá respetar el derecho de desconexión.

La Contraloría General de la República es otra de las entidades a la cual el Ejecutivo facultó a extender su plan de operar a distancia.

Pero el teletrabajo no es lo único. El proyecto, además, considera un artículo que establece que la Dipres monitoreará todos los servicios y entidades en los que el Estado participa.

“Se contempla un nuevo deber de información para los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos, las municipalidades, las universidades estatales, las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio”, dice el texto.

Todos los nombrados, se indica, “deberán enviar a Dipres, la nómina de trabajadores, indicando las remuneraciones y demás contraprestaciones en dinero efectivamente pagadas”.