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Amparado en un informe de Contraloría, acusa que se canceló un millón de pesos a ex funcionario del nivel central del Gobierno, por un informe copiado textual del Ministerio de Salud
TALCA.- El ex consejero regional Pablo Prieto, antes de dejar el cargo, tomó conocimiento de una delicada situación ocurrida al interior del municipio de Vichuquén, bajo la anterior administración, y que fue materia de objeción de Contraloría Regional del Maule, organismo que tomó acciones drásticas en la materia.
Prieto detalló que durante el año 2013 se contrató y pagó servicios a Juan Marcos Moreno Rosales, con motivo de una asesoría efectuada durante el año 2013 y que fue denunciada al organismo fiscalizador por el concejal de Vichuquén, Exequiel Díaz.
La denuncia da cuenta que el municipio canceló un millón de pesos, más impuestos –$1.111.111 en total- por concepto de un informe jurídico cuyo contenido sería copia del “Manual para la fiscalización de la Ley del tabaco” disponible en la página web del Ministerio de Salud.
La asesoría fue cancelada mediante la entrega de una boleta de honorarios emitida por Juan Marcos Moreno Rosales, mediante un convenio suscrito con el ex alcalde Román Pavez.
Además, Contraloría determinó que el mecanismo de contratación de Moreno Rosales no se ajusta a derecho.
Finalmente, Contraloría señala en su informe final, emitido en septiembre recién pasado, que “considerando que los hechos aludidos podrían revestir carácter de ilícito penal, se procederá a ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, para que ejerza sus atribuciones constitucionales y legales en la materia”.
“INACEPTABLE”
Pablo Prieto, quien recabó los antecedentes publicados por Contraloría en su momento, dijo que se trata de un hecho complejo por cuanto se hizo uso de recursos en el municipio de Vichuquén para cancelar un informe que terminó siendo una copia textual de un documento ya existente en el Ministerio de Salud.
Sin embargo, Prieto –que anteriormente siendo consejero regional había puesto en atención el problema suscitado con el proyecto del estadio de Vichuquén, el que también presentó anomalías administrativas-, fue más allá calificando de “inaceptable” lo sucedido, dado que a quien se le pagó el millón de pesos fue hasta mediados de 2015 el encargado de la Agenda Legislativa del Gobierno.
“Este tipo de prácticas son inaceptables en ningún ámbito de la administración pública, porque colaboran al descrédito que tiene la política ante la ciudadanía. Aquí simplemente se ‘maquilló’ una recaudación política bajo el nombre de una asesoría, la que además terminó siendo una copia”, sentenció Pablo Prieto.