Intendente Pablo Milad pide a Fiscalía investigar posibles delitos en el Gobierno Regional

La actual administración detectó diversas irregularidades provenientes de la implementación del edificio institucional, entre otras irregularidades del anterior gobierno regional.

TALCA.- El intendente del Maule, Pablo Milad, acompañado del seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, y una asesora jurídica de la Intendencia, llegaron hasta la oficina del fiscal regional para solicitar que se investiguen eventuales delitos en el proceso de implementación del edificio institucional.

Lo anterior, luego de que una auditoría efectuada por la Contraloría Regional al proceso de adquisición de equipamiento e implementación del nuevo edificio del Gobierno Regional, arrojara una serie de anomalías que quedaron reflejadas en un informe final emitido el pasado 26 de diciembre.

En el informe, Contraloría concluyó -entre otras materias- que se instruyeran sumarios internos a fin de determinar eventuales responsabilidades; procedimientos internos que aún no han sido finiquitados.

En palabras del intendente Milad, “vinimos a dejar la información a la Fiscalía, para que ellos determinen si hay algún delito con respecto a este uso de recursos fiscales y, también, resaltando que este tipo de hechos, que a veces son reiterativos en la administración pública, tienen que ser denunciados”.

“Ponemos en antecedente toda la investigación, ya sea de la Contraloría como de los sumarios internos que se hicieron. Se saltaron procedimientos internos, donde tiene que haber presupuesto, tiene que haber boletas de garantía. Se saltaron todos esos procedimientos que en la administración pública son fundamentales”, señaló Milad al salir del encuentro con el fiscal regional.

Los mayores problemas detectados están en la División de Análisis y Control de Gestión, aunque también afirmó que no sería el único responsable. “Creo que aquí va a salir bastante gente perjudicada porque acá no es solamente la decisión de una persona (…) En esto nos solo va a salir una persona, sino que varias personas más implicadas”, dijo.

Una de las primeras verificaciones hechas por Contraloría en su momento, fue que no se cursaron multas por los retrasos evidenciados en la instalación de persianas; servicios de internet y telefonía; y gráficas para el edificio institucional.

Los montos que debían cobrarse por concepto de multas corresponden a $3.245.000, $40.018.334 y $19.337.500, respectivamente. Ante esto, Contraloría señaló en su informe que el Gobierno Regional debía tomar las acciones de cobro que procedan respecto de las multas no aplicadas, y de no realizarse lo indicado, el organismo de control procedería a formular el reparo, es decir, solicitar la devolución de recursos, por la suma de $62.600.834.

Además, la auditoría efectuada por Contraloría constató que para la implementación de una tarima de 72 metros cuadrados para el salón del Consejo Regional, se desembolsó la suma $13.280.400. Sin embargo, posteriormente se pagó -vía trato directo- una ampliación de 20 metros cuadrados, por un monto de $8.943.050. No obstante, el ente fiscalizador señaló en su informe que se ejecutaron 78 metros cuadrados de tarima. Es decir, 14 metros cuadrados menos.

Del mismo modo, se efectuaron obras para la adecuación de terrazas, donde se comprobó la “ejecución disconforme con lo presupuestado en el proyecto técnico”, de partidas por la suma de $1.961.000. a esto se suma un pago improcedente de partidas denominadas “Obra Gruesa” y “Cerco Verde”, por las sumas de $500.000 y $362.000, respectivamente, así como de la partida “Aislamiento”, por un monto de $1.050.000.

En base a estos antecedentes, Contraloría informó que procedería a formular el reparo por la suma de $12.816.050.

En lo que respecta a una licitación para la mantención, reparación e instalaciones menores en el edificio institucional, se verificó que la adjudicación fue modificada a través de una resolución exenta, reemplazando el monto establecido por el valor unitario de cada una de las partidas expresadas en la oferta económica, advirtiéndose que el Gobierno Regional del Maule realizó una serie de compras para la implementación y habilitación del edificio, por la suma total de $240.344.034, “superando en más de 10 veces el monto adjudicado originalmente”.

Además, efectuó compras de productos y/o servicios no contenidos en la oferta técnica del proveedor que totalizan $170.149.628, situaciones que, según Contraloría, “vulneran los principios de libre concurrencia de los participantes (…) advirtiéndose que ese proceder evitó que tales adquisiciones que ascienden aproximadamente a 5.225 UTM, fueran sometidas al control previo de legalidad”.

A todo lo anterior, se suma el hecho que el Gobierno Regional habría contratado, vía trato directo, un servicio de catering para la inauguración del edificio institucional. Dicho contrato aparece con fecha 29 de diciembre de 2017, en circunstancias que el “corte de cinta” del inmueble fue el 27 de febrero de 2018, es decir, dos meses después.

El servicio fue valorizado en ocho millones de pesos. Otro de los elementos que llamó la atención dentro de la investigación interna, es que la misma proveedora del catering se hizo de 13 tratos directos entre abril de 2016 y diciembre de 2017, por una suma total que supera los 48 millones de pesos. Además, al 29 de diciembre de 2017, dicha proveedora solo le había emitido facturas al Gobierno Regional del Maule.

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