Ley aumenta sanciones por maltrato contra niños y personas vulnerables

La iniciativa apunta a acoger las denuncias por maltrato cometido por personas guardadoras o a cargo del cuidado de menores o adultos mayores.

Como una gran noticia calificó el presidente de la Comisión de Infancia del Senado, Patricio Walker la promulgación de la ley que aumenta la penalidad y las demás sanciones aplicables para delitos cometidos en contra de menores y otras personas vulnerables, afirmando que “ahora una persona que maltrate a un niño, adulto mayor o discapacitado podrá ir a la cárcel, aunque no hayan lesiones”.

Según el senador “esta nueva ley sanciona el maltrato con niños, discapacitados y adultos mayores. Hemos visto tantos reportajes en televisión, con imágenes muy impactantes y desgarradoras, donde se ve el maltrato que sufren adultos mayores y niños en hogares, o sobre personas que tienen como misión cuidar a los más pequeños en sus casas, pero los maltratan. Este tipo de actos ya no van a quedar en la impunidad, aunque no dejen una marca física, una lesión”.

El presidente de la Comisión de Infancia afirmó que “sancionamos el maltrato corporal relevante, contra niños, discapacitados, adultos mayores y mujeres, cuando hay crueldad, trato degradante e inhumano. Cuando ese maltrato es causado por alguna persona que tiene un deber de cuidado, como el encargado de un hogar de menores, adultos mayores, una tía de un jardín infantil, el papá respecto del hijo, la sanción es mayor, hasta 540 días. Algunos dicen que eso es mucho, pero el maltrato contra animales tiene penas hasta tres años de cárcel”.

La ley, que modifica el Código Penal, establece sancionar al que de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente; adulto mayor; persona en situación de discapacidad; y quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente.

Las normas actuales sancionan las agresiones únicamente cuando estas provocan lesiones. A partir de ahora, por ejemplo, todos aquellos maltratos y abusos no constitutivos de lesiones, que se cometían en residencias de adultos mayores, en colegios o en instituciones encargadas de entregar tratamiento a personas en situación de discapacidad, recibirán sanción.

La iniciativa además establece como pena accesoria y medidas de protección un registro de inhabilidades que impedirá a quienes hayan sido condenados por este tipo de maltrato trabajar con niños, adultos mayores o discapacitados, según fuere el caso.

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