Presentan demandas laborales por despidos en la gobernación de Talca

Acciones legales, realizadas por tres exfuncionarios a honorarios, buscan indemnizaciones económicas.

TALCA.- Durante la jornada de ayer, 25 de abril, acudieron hasta el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital regional acudieron tres profesionales que fueron recientemente desvinculados de la gobernación provincial de Talca, con el objetivo de ratificar demandas laborales que exigen indemnizaciones económicas por despidos injustificados.

Los recurrentes a esta acción legal son Blanca Vásquez, secretaria; Alejandro García, camarógrafo de la unidad de comunicaciones; y Pedro Navarro, asesor de la gobernación, quienes fueron acompañados por el exgobernador, Armando Lepe, donde criticó al nuevo gobierno.

Esto constituye la primera acción legal presentada en Talca por empleados a honorarios que son despedidos por las autoridades del nuevo gobierno del Presidente, Sebastián Piñera.

Lepe indicó que “estamos respaldando a estos excolegas por sus derechos que se han visto vulnerados. Entendemos que hay una situación bastante incómoda en la gobernación, por cuando los funcionarios no saben si van a seguir trabajando. Esperamos que terminen los despidos”, dijo.

Al respecto, la presidenta provincial Talca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Soraya Apablaza, sostuvo que “ellos tenían sus contratos renovados hasta el 31 de diciembre del 2018 y no fueron respetados, sin argumentos ni causales justificadas, porque estos funcionarios estaban muy bien calificados”.

Uno de los demandantes, Pedro Navarro, explicó que fue notificado del despido en su domicilio por carta certificada, pero sin ningún logotipo oficial o firma reconocible. “Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre y eso se debe respetar”, sostuvo.

El abogado patrocinante, José González, explicó que las acciones legales son por nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones. “Ellos fueron malamente despedidos, porque tenían una relación laboral, disfrazada bajo un contrato de honorarios. Es una mala práctica muy difundida en los servicios del Estado”, sostuvo.

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