Proyecto busca ampliar plazo para impedir el corte de servicios básicos hasta abril de 2021

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para extender el plazo que impide el corte de servicios básicos a personas morosas en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Hasta el momento, aquel impedimento se extiende hasta el 8 de noviembre, por lo que los parlamentarios buscan ampliar su duración.

La iniciativa permitiría extender el plazo hasta abril del próximo año y que el prorrateo de la deuda se haga de manera automática.

Lo anterior, considerando que hasta el 31 de agosto las solicitudes ingresadas para reprogramar los pagos de electricidad son 6.720, mientras que los deudores son más de 75 mil.

En el caso de las deudas del gas, hay más de 70 mil deudores y menos de 862 solicitudes de reprogramación.

Para el caso de prorrateo, se espera que este sea automático y que los meses pasen de 12 a 36, además de establecer nuevos mecanismos de información.

Consultados por Meganoticias, desde el Ministerio de Energía no se pronunciaron sobre el proyecto y solo hicieron un llamado a los clientes que aún no lo han hecho, a que se acojan a los convenios de pago con las compañías.

La senadora Yasna Provoste (DC), una de las impulsoras del proyecto, hizo un llamado al Gobierno para que patrocine la iniciativa.

Esta ley “concluye su plazo de aplicación en los próximos días, el 8 de noviembre próximo. Si este plazo no se extiende, las empresas podrán, a partir de ese momento, comenzar con los cortes de suministros de estos servicios y comenzar, además, las cobranzas de las deudas impagas”, indicó la senadora.

“Nos encontraremos con una situación que es muy preocupante, porque más de un millón de chilenos y chilenas estarán morosos en el pago de los servicios básicos y no podrán reprogramar sus deudas, porque no lo han solicitado expresamente, y las empresas no están facultadas para reprogramar las deudas de manera unilateral, aun cuando ésta sea sin multas ni intereses”, agregó.

“Estos montos, sumados al pago de arriendos, dividendos y otros pagos que se deban realizar en los hogares, frente a la disminución de los ingresos de muchas familias y a los niveles de cesantía que afectan al país, será imposible de asumir por parte importante de nuestras comunidades”.