Rector de UTalca defiende gratuidad y pide al gobierno extender un año el beneficio

El déficit de financiamiento de la gratuidad afecta a los alumnos de la población más vulnerable del país, que en su mayoría estudió en colegios públicos y que cursan carreras profesionales en universidades estatales.

TALCA.- Por estos días el tema de la extensión de la gratuidad a los alumnos que por diferentes razones alargan su carrera se tomó la discusión pública, porque la actual normativa deja sin financiamiento a estudiantes vulnerables y los obliga a financiar de alguna forma la extensión de sus carreras y a las universidades a poner la otra mitad dejando a las casas de estudio con un problema presupuestario que crece cada año.

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, ha insistido en la necesidad de encontrar una solución en conjunto con el Ministerio de Educación y las universidades estatales ya que este problema afecta a 27 mil alumnos de todo Chile con un costo de 58 mil millones de pesos. De ellos, solo este año en la Universidad 378 alumnos perderían la gratuidad.

“Son recursos escasos de un grupo de jóvenes que están próximos a ser médicos, ingenieros, e incorporarse al desarrollo del país, especialmente en regiones; personas sacadas de la vulnerabilidad, que han estudiado en diferentes condiciones y que son próximos contribuyentes”, manifestó la autoridad académica.

Agregó que “hay que considerar que los estudiantes sufren crisis vocacionales, que tienen hijos o que hacen intercambios estudiantiles. Todo esto no está considerado en la ley, es decir, hay una serie de causas que hacen que no siempre los estudiantes logren terminar sus carreras en los plazos establecidos”.

En este sentido, llamó la atención a que “también hay carreras emblemáticas como derecho que en promedio demora 8 años en todo Chile, las ingenierías civiles demoran tres semestres más. Este tema es de conocimiento del Ministerio de Educación y no obstante la ley no se hizo como lo habíamos planteado los rectores. Hemos hablado con el Gobierno actual y no ha tenido todavía sensibilidad para hacer un estudio, hay una comisión técnica que debe evacuar un informe el 30 de mayo y todavía no se constituye”.

La falta de financiamiento de la gratuidad es un problema que promete crecer todos los años a modo de “bola de nieve” afectando el presupuesto de las universidades adscritas al sistema de financiamiento.

Por ello, los rectores pidieron al gobierno enfrentar el tema que afecta mayormente a las universidades del propio Estado de Chile.

“Las leyes no son de los gobiernos, son de los países y la responsabilidad del gobierno es implementarlas y cuando se encuentran deficiencias hay que corregirlas. A  eso es lo que apelamos nosotros como rectores de las universidades estatales, a explicarle al gobierno anterior y hoy al gobierno del Presidente Sebastián Piñera y a sus ministros que hay deficiencias en la ley. No es que golpeemos la puerta para que alguien lo solucione como se ha dicho por ahí, sino que las universidades estatales se refieren a quién es su dueño, que es el Estado de Chile a través del Ministerio de Educación”, subrayó el rector Rojas.

SITUACIÓN EN UTALCA

En nuestra Universidad, el vicerrector de Gestión Económica y Administración, Hugo Salgado, analizó la situación y planteó a los estudiantes una fórmula.

“El principal efecto financiero de la gratuidad es la imposibilidad de obtener el 50% del arancel a los estudiantes que pierden la gratuidad, lo que este año alcanza a casi 700 millones de pesos y que irá creciendo progresivamente en la medida que pasen los años.  Se espera que en régimen este hecho nos cueste unos 1.000 millones anuales aproximadamente. Por eso, hemos invitado a los estudiantes que se encuentran en esta situación a postular al Fondo Solidario de Crédito Universitario para que puedan financiar este último período de sus estudios a través de este beneficio estatal que presenta excelentes condiciones para ellos, mientras no se vea una solución a través de la ley” explicó.

GRATUIDAD

La ley de Educación Superior, que entre otras cosas consagra la gratuidad y establece la acreditación como requisito para todas las casas de estudios, fue promulgada el 29 de mayo del año 2018. Es considerada como una reforma estructural del sistema educativo y una de las iniciativas emblemáticas del gobierno anterior.

Esta normativa permite financiar la matrícula y el arancel durante el tiempo que dure la carrera a estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país y que se encuentren matriculados en alguna de las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica adscritos a la gratuidad.

Los beneficiados no deben poseer grado de licenciatura o título profesional y quienes tengan un título técnico de nivel superior podrán acceder si se matriculan en una carrera de título profesional.

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