Regantes exponen en Comisión de Recursos Hídricos del Senado

El director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, planteó las principales aprehensiones que existen frente a la Reforma al Código de Aguas. Le acompañaron regantes del Río Diguillín y de la provincia del Biobío.

Varias horas duró el trabajo de la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, instancia que preside la senadora Adriana Muñoz y que actualmente tiene por objetivo analizar los principales alcances de la Reforma el Código de Aguas. Participaron además los senadores Jorge Pizarro, Isabel Allende, Andrés Allamand y Alejandro Navarro.

Este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ingresó con suma urgencia al Senado hace algunas semanas, disminuyendo las posibilidades de diálogo con las organizaciones agrícolas y de regantes. Sin embargo, a última hora se optó por escuchar las diferentes opiniones frente a una reforma que hasta hoy ha generado más discrepancias que consensos.

El director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, fue el encargado de plantear las principales inquietudes del sector, haciendo hincapié en el cambio de la naturaleza jurídica del derecho de aguas.

“Nos preocupa la redacción del proyecto, ya que si bien se establece que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, a reglón seguido se consigna que los titulares podrán usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley. ¿A cuál ley? ¿A la antigua o a la nueva?. Si es la nueva, como lo establece nuestro marco jurídico actual, quiere decir que todas las restricciones también se aplicarán a los derechos de aguas ya constituidos, con graves perjuicios para la agricultura”, comentó.

Dentro de las principales restricciones a los derechos de aguas están su carácter de concesión temporal (un máximo de 30 años), extinción y la priorización de ciertos usos. “La reforma plantea que los derechos se constituirán en función del interés público, pero a nuestro juicio hay que clarificar más el alcance de este criterio, para dar certeza sobre cómo operará el sistema hídrico en el futuro”, indicó Arrau a la Comisión.

Además, el representante de los regantes planteó que es impracticable la norma que establece que los titulares tendrán 18 meses para inscribir sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces, para evitar que sean caducados.

“La Dirección General de Aguas (DGA) indica que hay entre 350 y 450 mil usuarios y que sólo 70 mil los tendrían en regla. Para cumplir lo que señala la propuesta se necesita más plazo, recursos y un plan de regularización de títulos de quiénes sí usan el agua”, indicó Arrau, agregando que la Comisión acordó enviar oficio a la DGA para precisar los títulos vigentes y el balance hídrico, por la ausencia de información disponible, lo que dificulta la aplicabilidad de una reforma de este tipo.

Arrau valoró la instancia de discusión, aunque remarcó que para mejorar la reforma es necesario que estas ideas se integren a la redacción final del proyecto de ley.

“Valoramos esta invitación, porque nos ha permitido dar a conocer a la Comisión de Recursos Hídricos las imperfecciones del proyecto, como la aplicación de un caudal ecológico retroactivo que fue propuesto por algunos Diputados.

Tenemos que comprender que Chile es un país abundante en agua, con una cobertura del 99,8% de agua potable en sectores urbanos, pero al mismo tiempo tenemos un déficit en obras de almacenamiento. Por ello es que necesitamos una política nacional de recursos hídricos que aborde la construcción de más embalses, entre otras materias”, concluyó.

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