“Vivienda digna para los chilenos”: La primera propuesta de norma constitucional elaborada en la CC

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La Convención Constitucional recibió su primera proposición para incluir a la nueva carta magna, la cual apunta al déficit habitacional que hay en el país.

El pasado miércoles, un grupo de convencionales presentó la primera propuesta de norma constitucional, la cual busca “garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”. Los constituyentes Roberto Vega, Manuel José Ossandón, Álvaro Jofré, Paulina Veloso, Helmuth Martínez, Adriana Cancino, Angélica Tepper, Luciano Silva, Geoconda Navarrete y Bernardo de la Maza justificaron su propuesta, en que “nuestro país tiene un déficit histórico de viviendas, la necesidad de vivienda de los chilenos se ha visto repetida año a año en cada discurso presidencial y en cada candidato al parlamento. No obstante, habiendo transcurrido más de 30 años desde el regreso a la democracia plena, jamás dicho derecho ha sido consagrado a nivel de texto constitucional”.

En la norma presentada se sostiene que los “chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

Con esto se busca asegurar que el Estado garantice este derecho y se termine con la especulación de suelos. “Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”, agrega el documento.

A su vez, el texto explica que las viviendas deberán “tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos”.

Y, por último, detuvieron en los castigos para las personas y empresas que hagan mal uso de los recursos estatales.

“El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley“, concluyeron.