Las cifras fueron entregadas por el servicio público en un seminario organizado para analizar el fortalecimiento de la probidad y prevención de estos ilícitos.
«Vemos con preocupación el aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal. Y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar», dijo el presidente del CDE, Juan Peribonio.
Según datos del CDE, en 2020 llegaron a haber 689 procesos abiertos por acusaciones de corrupción al interior de los municipios. Desde entonces se ha mantenido un stock de causas vigentes, a noviembre de 2021, de 1.119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país.
De estas causas, 489 corresponden a investigaciones por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros. Estas investigaciones se desarrollan en 180 municipalidades.
Por tanto, más de la mitad de los municipios (un 52,17%) del país se encuentra vinculado a procesos indagatorios por este tipo de ilícitos. Un 23,5% de las causas penales que conoce el CDE se concentra en 11 municipios. Entre ellos, Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando, Punta Arena y San Ramón.
La fiscal nacional subrogante, Claudia Perivancich, indicó que una de las complejidades para indagar está en los «sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios».
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se sumó a las palabras de Perivancich.
«Muchas veces en que se hace todo el trabajo, la auditoría, luego viene un sumario con la propuesta de sanción por falta grave a la probidad. Y quien debe aplicar esa sanción es el concejo (municipal), llevándolo ante el Tribunal Electoral Regional (TER), pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo y, por lo tanto, ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo», dijo Bermúdez.