El caso está siendo revisado por la entidad correspondiente para determinar si la denuncia corresponde o no.
TALCA.- El diputado electo Pablo Prieto denunció influencia política en prolongación de contratos de funcionarios del GORE. Según señala, el Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional del Maule, Pablo Meza, cediendo a las presiones de la Asociación de Funcionarios, dirigida por los DC, Erika González y Oscar Pérez, más el cuestionado Jefe de la División de Administración y Finanzas, el también DC Hernán Valenzuela, determinó otorgar nuevas contratas al personal que venía desempeñándose en esa calidad a esta fecha, pero ahora sin incluir, como había sido la regla, la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, es decir, a plazo fijo, y por todo el año 2018.
En total, se trataría de una cifra superior a las 80 personas, dado que la administración regional, a petición de cada uno de los jefes de división que militan en distintos partidos políticos de la Nueva Mayoría (DC, PPD e IC), había venido accediendo a la incorporación paulatina de adherentes y militantes políticos, atendiendo no al interés de la institución, ni al bienestar de los ciudadanos de la región, sino únicamente para quedar bien con los padrinos políticos.
Pablo Prieto, diputado electo de la región del Maule, dice: “hay funcionarios como Hernán Valenzuela, jefe de administración del GORE que están siendo investigados por la Contraloría General del Maule y sumarios administrativos producto de licitaciones y ejecución de contratos que presentan incumplimientos graves de la normativa en materia de contratación pública e incluso que podrían afectar la probidad en la administración pública”.
Esta modalidad de contratación se ha hecho extensiva también a las contrataciones a honorarios, que suman una veintena, para funciones específicas y accidentales, las que se han dispuesto también por todo el año 2018, y sin la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.
Prieto señala: “De esta forma, la actual administración regional a cargo de Pablo Meza, se convierte en la primera y máxima institución regional en dejar “amarrada” a la próxima administración en la posibilidad de adecuar la planta de funcionarios a las reales necesidades, las que quedan así fijas para el presente ejercicio”.
Agrega: “Lo obrado resulta ajeno a todo principio ético y al bien superior de la región, sobre todo cuando a la máxima autoridad regional le asiste la certeza de que dentro de ese personal existen operadores políticos, personas de su exclusiva confianza, personas de la exclusiva confianza de dirigentes políticos y parlamentarios de la Nueva Mayoría, y muchos otros cuyo principal objetivo al ingresar a la institución no fue trabajar para la Región y sus habitantes, sino para sus partidos, padrinos, o bien únicamente para sus intereses personales, lucrando a costa de la empleadora estatal”.